Los ex burócratas son acusados de mal manejo de fondos públicos por irregularidades en 14 contratos suscritos, que suman 3.5 millones de dólares.

Dichos contratos fueron firmados en base a un decreto de emergencia y tenían como objetivo construir 32 obras en la provincia de Manabí, informó el noticiario de Ecuavisa.

Juan Sebastián Roldán, secretario nacional de Transparencia, expresó que los presuntos delitos cometidos serían peculado por sobre precio y uso indebido de fondos públicos.

Entre los responsables, Roldán nombró al ex ministro Poveda, y a Elías Achi Marín y Mónica García Acuña, miembros de la Comisión Técnica de ese momento.

Mencionó además que se investiga a los administradores de los contratos, los consultores contratados, los fiscalizadores consultores, y el fiscalizador de los 14 contratos José Andrade García.

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