El veto parcial del Ejecutivo a la Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal endurece sanciones en temas de prisión y multas. La aprobación del veto en el pleno se realizaría hasta el 4 de abril.

Las reformas del Ejecutivo plantean que los procesos, actuaciones y procedimientos de investigación en los delitos que pasaron de acción pública a acción privada, y que en razón de las presentes reformas regresan a ser acción pública, podrán sustanciarse como públicos a pesar de haber sido desestimados en su momento.

Además se consideró que las acciones de esos casos prescribirán de conformidad con las reglas establecidas en el Código Penal para los delitos de acción pública, y no se contará para tal efecto el tiempo transcurrido desde el 24 de marzo de 2009.

El documento del veto plantea en las reformas al Código Penal que será reprimido con reclusión menor ordinaria, en vez de extraordinaria, de tres a seis años y multa de seis a 16 dólares, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto de robo o hurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse.